Bulos, degeneración informativa y censura

Mucho se está hablando en los últimos meses de los bulos en Internet, una realidad que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afamó bajo el término ‘fake news’ (noticias falsas), durante su controversial carrera, dando a este tema una gran relevancia que le sirvió para desacreditar informaciones indeseadas. Hoy, como consecuencia de la tensión política y social provocada por crisis del coronavirus, y las duras medidas adoptadas, las noticias falsas han vuelto a generar una enorme preocupación en los gobiernos europeos.

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Las fake news o bulos nunca dejaron de ser objeto de debate. La expansión de las redes sociales hasta el punto de convertirse en el principal medio informativo da un altavoz a todo tipo de personas y agrupaciones, pudiendo difundir contenido parcial, interesado, o directamente falso, con una enorme facilidad, llegando a un gran público que, a su vez, replica ese mensaje, con la posibilidad de convertirlo prácticamente en una verdad.

En consecuencia, hemos visto cómo han ido surgiendo diferentes medios digitales, llamados a sí mismos ‘verificadores de datos independientes’, con la misión de investigar publicaciones cuestionadas por el público, para corroborar o descartar su veracidad, estableciendo así un mecanismo de control de información muy potente, hasta el punto de sospechar sobre la influencia de determinados actores políticos en este tipo de proyectos.

De esta forma, podemos comprobar como ya no solo algunas publicaciones de medios digitales son tachadas de falsas, sino también la expresión de las personas en las redes sociales, a través de lo que han llamado ‘ciberpatrullaje’, estableciendo una censura inadmisible.

¿Hasta qué punto puede un gobierno o una empresa intervenir en la libre expresión de las personas y los contenidos que comparten?, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de algo tan inofensivo como replicar una información posiblemente falsa, así como dar su opinión al respecto, que puede ser favorable, o no.
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Por supuesto, el término ‘ciberpatrullaje’ tiene todo el sentido, sobre todo en lo referido a detectar delitos, como posibles casos de maltrato, estafas, o lo que se ha visto en algunos países, con personas utilizando las redes sociales para organizar saqueos.

Pero no hablamos de rastreo de delitos, sino de rastreo de información supuestamente falsa, que va asociada a una opinión o interés no deseado por los partidarios de ideologías contrarias.

El mundo de la sobreinformación

Queda claro que, hasta el momento lo medios privados no han sabido reaccionar ni adaptarse a la sobreinformación a la que estamos sometidos, permitiendo una degeneración periodística en la que se ha apostado más por los títulos llamativos, el clickbait y las exclusivas forzadas que por la calidad y el prestigio profesional.

El gobierno, por su parte, utiliza sus canales informativos para promover sus intereses de un modo demasiado evidente, buscando una agresiva confrontación de ideales, en lugar de aprovechar la crisis de los medios privados para posicionar sus instrumentos de comunicación como los más confiables.

Hoy en día, la mayoría de personas no tienen un referente informativo claro, por ello, están abiertas a absorber cualquier tipo de información que se les presente, aunque puedan ponerla en duda. Sin embargo, el daño está hecho desde el momento en que los medios tradicionales tienen casi la misma credibilidad que cualquier otro contenido informativo que circule en Internet. 

En muchas ocasiones, los medios de comunicación importantes han sucumbido a las estrategias de posicionamiento de los pequeños y numerosos medios digitales de todo tipo que han proliferado en la última década, persiguiendo la creación de contenido viral o generador de clicks fáciles, provocando que los usuarios pierdan la capacidad de seleccionar medios totalmente confiables en el mar de contenido que es Internet, y que todos parezcan iguales.

Es entonces cuando cualquier información falsa difundida deliberadamente, se convierte en un auténtico problema, ya que ésta puede competir de tú a tú con las publicaciones de los medios tradicionales, tanto en cantidad de audiencia, como en credibilidad, ya que los partidarios de difundir y compartir el bulo se encargarán de darle una dosis de veracidad.

Así, nos encontramos en una situación en la que los medios privados más importantes sólo pueden diferenciarse del resto ofreciendo contenido de pago y suscripciones, para transmitir el mensaje de que su trabajo es de alta calidad, y por tanto, tiene un costo (además de justificarse en la transición del papel a lo digital y la necesidad de subsistir como grandes empresas).
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Mientras tanto, el gobierno, ante el descontrol informativo y el auge de las fake news, implementa un ‘ciberpatrullaje’ que va más allá de lo estrictamente policial, y apunta a la expresión y opinión de los usuarios de Internet, que equivocados o no, nunca deben de ser censurados.

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Cuestión de responsabilidad

Si se ha llegado a un punto en que preocupa que cualquier información compartida en redes sociales pueda ser considerada como veraz, sin serlo, es por culpa de la degeneración informativa en la que también ha participado el gobierno y los medios tradicionales, en lugar de tratar de diferenciarse y posicionarse como informadores de calidad desde un inicio, para adaptarse a esta nueva realidad, en la que todo el mundo tiene a su disposición un altavoz en Internet, y su palabra puede llegar miles de personas si hacen un buen trabajo de marketing.

Ahora, el gobierno y los medios deben recuperar el terreno perdido, sobre todo los segundos, y hacerse valer como los máximos responsables de difundir información contrastada y veraz, para volver a convertirse en el referente de su audiencia, aunque ésta tenga que pagar por acceder a determinados contenidos, porque es cierto que el trabajo profesional y el periodismo bien hecho tiene un coste, y debe luchar por prevalecer en un mercado cada vez más complicado y competitivo.

La pasada semana, Donald Trump, se pronunció acerca de la censura en redes sociales, clara muestra de la relevancia de esta problemática, considerando que si la red social establece la censura (más allá de contenidos violentos u obscenos), pasaría de dejar de ser un espacio de libre difusión y opinión, a considerarse un medio de comunicación tradicional, lo que a su vez haría responsable a la red social de todo lo que publican sus usuarios.

Los tiempos han cambiado, y tanto el gobierno como los medios tradicionales deben adaptarse sin vulnerar las libertades individuales básicas, de las que cada persona es responsable.

Sería absurdo que en un Estado de Derecho, un grupo de personas estuviera comentando distintas informaciones en un recinto privado, y la policía o cualquier grupo verificador considerado a sí mismo como independiente accediese para silenciar a quienes están hablando, tapándoles la boca con una etiqueta de fake news.
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Aceptemos el nuevo mundo de la inevitable sobreinformación, creemos medios de comunicación responsables, profesionales y de calidad, que puedan convertirse en referentes serios, y dejemos que los usuarios utilicen el espacio virtual para debatir y promover libremente el contenido que consideren, siempre que se haga desde el respeto, porque creer o no creer lo que se difunde es responsabilidad de cada persona, no del gobierno ni de los verificadores independientes.

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